El ámbito escolar es uno de los espacios que generan gran número de conflictos entre los progenitores separados o divorciados, o que es utilizado por algunos para librar otra batalla más.
Una parte de las parejas con hijos que se separan o divorcian y están en conflicto, según afirman tanto representantes de los centros escolares como del ámbito judicial, terminan lidiando una batalla en el ámbito escolar. Esta situación ha generado que los incidentes derivados de familias rotas se hayan multiplicado en los centros escolares de Asturias, según afirma Ángel Luis Campo, juez titular de uno de los dos Juzgados de Familia que hay en Gijón; y uno de los expertos que, de acuerdo a La Nueva España (LNE), colaboraron con la Inspección educativa en el análisis y abordaje de algunos de los problemas que, cada vez más, se están dando en los centros educativos y que tienen que ver con las decisiones y las disputas que afectan a hijos de parejas rotas.Fruto de la constancia de dichos conflictos en el ámbito escolar nació el documento «Orientaciones para una correcta actuación de los centros educativos en relación con los alumnos de padres separados, divorciados o sin vínculo matrimonial». En la introducción de dicho documento se recoge, de acuerdo con la misma fuente, que «uno de los conflictos que viven los centros educativos de Infantil, Primaria o Secundaria, públicos o privados, y en ellos, sobre todo, los directores, es el que proviene de matrimonios o parejas disueltos que trasladan a este campo de batalla sus disputas respecto a la educación de los hijos. En ocasiones la pretensión de uno de los padres es simplemente poder ejercer sus derechos y deberes en relación con sus hijos; en otras, en cambio, se esconden otro tipo de objetivos, como puede ser la utilización de determinada información en la pugna legal que mantienen con el otro cónyuge o pareja o para obtener una disminución de la pensión alimenticia».
Sin embargo, y a pesar de las experiencias que se relatan tanto por los centros educativos, como por las entidades judiciales, y también por los propios progenitores afectados, parece ser que Educación no ve clara la necesidad del protocolo para hijos de familias rotas y Ana González, consejera socialista del Gobierno del Principado, habría afirmado que «no hay que crear un problema de lo que no es, ni convertir situaciones puntuales que pudieren darse en la regla general». Y parece ser que dichas declaraciones no están libres de polémica. El motivo es que, si bien los directores de centros educativos han expresado su necesidad de contar con instrucciones u orientaciones para una correcta actuación en situaciones de disputa de estas características, parece ser, según informa LNE, que a pesar de contar con un texto ya elaborado para tal fin, dicho documento “no ha llegado a los centros educativos asturianos porque el cambio político en el gobierno regional frenó la iniciativa”.
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